Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
La Ley de Enjuiciamiento Civil va dirigida a todas las personas jurídicas que demandan o puedan demandar una tutela judicial sin que su tramitación no se demore más de lo necesario.
Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de Protección Patrimonial de las Personas con Discapacidad y de Modificación del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Normativa Tributaria con esta finalidad.
El objeto de esta ley es regular nuevos mecanismos de protección de las personas con discapacidad, centrándose en el aspecto patrimonial.
Ley 1/2009, de 25 de marzo, de reforma de la ley de 8 de junio de 1957, sobre el registro civil, en materia de incapacitaciones, cargos tutelares y administradores de patrimonios protegidos y de la ley 41/2003, de 18 de noviembre, de protección patrimonial.
En esta ley se aplican las reformas legales necesarias con el fin de que el Registro Civil pueda actuar como un mecanismo fiable que permita supervisar la normativa relativa a la incapacitación judicial de personas que puedan gobernarse por sí mismas, así como facilitar la puesta en práctica de la figura del patrimonio protegido como mecanismo de protección patrimonial de las personas con discapacidad.